Lobato empuja al Supremo a implicar a La Moncloa en la filtración: «La verdad y la ley por delante»

«Siempre la verdad y la ley por delante». Estas han sido las palabras de Juan Lobato a su salida del Tribunal Supremo. Tras más de una hora y media ante el juez Ángel Hurtado, el ex secretario general del PSOE madrileño ha entregado su móvil y el acta notarial con los mensajes donde Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, entonces director del Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofrecía correos electrónicos personales de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Estas conversaciones, que quedan en manos del juez instructor, abren camino al Supremo para investigar al círculo cercano del presidente del Gobierno y elevar las responsabilidades de esta operación hasta La Moncloa.

El ex líder de los socialistas madrileños ha evitado apuntar directamente a Óscar López. Se ha limitado a decir que hablaba directamente con Sánchez Acera y que este extremo se puede comprobar en los mensajes de texto de su teléfono que ha dejado voluntariamente a disposición judicial. Lobato ha admitido que registró el documento ante notario para protegerse -lo que le ha servido para salir del Supremo como testigo y no como imputado- y ha dejado el acta notarial al juez. Además ha admitido que tenía la información antes de que la publicara el medio elplural.com y de que él utilizara esta información para atacar a Ayuso en la Asamblea.

Los pasos siguientes a esta declaración pasarían por llamar a testificar a la mano derecha de Óscar López, Sánchez Acera. En ese punto, esta alto cargo del Gobierno podría decir que fue su jefe, Óscar López, quien le pidió enviar el material controvertido al jefe de los socialistas madrileños o, por el contrario, asumir toda la responsabilidad y servir de «cortafuegos» para que las consecuencias de esta operación contra Ayuso no terminen escalando al que fuera jefe de gabinete de Sánchez o al propio presidente del Gobierno.

En el caso de que opte por la primera opción, hay que tener en cuenta que Óscar López dio el salto a ministro de Transformación Digital en septiembre de 2024, por lo que en estos momentos se encuentra aforado ante el Supremo. Pero, si finalmente el juez instructor le imputase, se sumaría a la lista en la que ya figuran Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid. De llegar a este nivel del proceso, las cosas se complican para Sánchez: López era su jefe de gabinete, por lo que de ser imputado, aumentarían las dudas sobre el nivel de conocimiento que tenía el presidente del Gobierno a cerca de esta ofensiva contra Ayuso.

El primero en testificar

Juan Lobato ha sido la primera persona a la que el juez del Supremo ha tomado declaración desde que el 16 de octubre abrió causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por su presunta implicación en la filtración denunciada por la pareja de Díaz Ayuso. No obstante, no se trata de la primera diligencia que practica el instructor. El 30 de octubre, Hurtado autorizó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y en el de Rodríguez en la Fiscalía Provincial de Madrid.

De momento, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solo han presentado un informe en el que analizan la información incautada en la oficina de Rodríguez. Aunque aún está pendiente que entreguen sus conclusiones sobre el registro en el despacho de García Ortiz, en el informe relativo a la fiscal de Madrid ya apuntan que el jefe del Ministerio Público tuvo una «participación preeminente» en la filtración. La UCO en su reciente informe ha ampliado la mira al señalar directamente a la Fiscalía General del Estado como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó el 12 de marzo.